Es el mismo fiscal que cuando tuvo la oportunidad en 2013 para investigar a profundidad a la tabacalera de HC, no lo hizo, a pesar de estar avalado por una sentencia de la Corte, que autorizaba al Ministerio Público a iniciar las indagaciones sobre posibles casos de evasión impositiva y contrabando con los cigarrillos que a borbotones salen de las fábricas procesadoras de tabaco con destino no precisamente al mercado local sino a los países vecinos, pero en forma totalmente ilegal con el montaje de facturaciones de fachada de la SET con el registro de sólo una parte de la producción, con evidente complicidad de funcionarios venales. Pero no lo hizo, quién sabe por qué, por lo que siguió así la interpretación retorcida según la cual el Ministerio Público no puede hacer nada “de oficio”, sin que antes se pronuncie la vía administrativa con resoluciones, como en este caso la SET sobre evasión y la Aduana sobre contrabando. mal ejemplo de ZI Javier Zacarías Irún y su clan maniobran para evitar la cárcel pese a las numerosas evidencias en su contra que son manejadas por la propia fiscalía, pero el Ministerio Público se halla totalmente maniatado por el “dictamen político”, como el que se tuvo la semana pasada en la reunión Marito-HC. 327 Código Procesal Penal), esto es, que al tramitarse el proceso penal, el interesado en el incidente es quien debe mostrar al juzgador cual es el requisito esencial del hecho punible faltante: Tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad”, según voto y fundamento del ministro Sindulfo Blanco, que luego le habría costado la animadversión de HC y el pedido de su juicio político. Y remata, por si fuera necesario reiterar a una olvidadiza fiscala general, que “el Ministerio Público se halla ampliamente facultado por nuestra ley procesal penal para dirigir una investigación penal y llevar a un imputado hasta el juicio oral; 52 del CPP, a más de ratificar la propiedad de la acción penal pública al Ministerio Público, le encarga la dirección de la investigación de los hechos punibles y la promoción de la acción de la cual es él el dueño”. 53 del CPP impone al Ministerio Público la carga de la prueba, es decir que el ente acusador debe buscar las evidencias y presentarlas ante el Tribunal de Sentencia a fin de ser transformadas en pruebas;
El presidente de la República perdió el manejo de su gestión y su gobierno se encuentra a la deriva.
El presidente Mario Abdo Benítez perdió el control del poder muy rápido, principalmente, desde aquella famosa acta de Itaipú, que saltó a la luz pública, que el gobierno estaba negociando por debajo de la mesa los intereses del pueblo paraguayo. Marito, a partir de ahí recibió varios intentos de juicio político, que finalmente no prosperaron, pero, sin embargo, perdió el manejo de su gestión, que hoy está en manos de sus ocasionales verdugos políticos.
El presidente Marito Abdo sigue cediendo terreno en la pulseada por el poder con HC, a tal punto que la impunidad de los “corona-negocios” con los insumos sanitarios sería ahora la parte esencial en la agenda de la operación “Cicatriz”, a cambio de que a la vez no sea investigado ninguno de los oscuros negocios del “Patrón”.
En la misma reunión de la semana pasada entre Horacio y Marito, no fue casualidad que se haya agendado el plan de “reactivación” post-pandemia junto al pedido de la fiscala general cartista Sandra Quiñónez para el nombramiento de Humberto Rosetti como nuevo fiscal adjunto del Alto Paraná, conocido en el gremio de abogados de CDE como el “componedor” del contrabando y otras tropelías cometidas en los negocios fronterizos.
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