Solicitan mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.
A través de un documento con fecha 10 de noviembre de 2026, diversas agrupaciones de la sociedad civil y del sector privado, como la Unión Industrial Paraguaya, la Feprinco y el Centro de Importadores del Paraguay, presentaron varios reclamos al presidente Pedro Alliana. En la nota exigieron una revisión completa del proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027, el cual se encuentra en estudio dentro del Congreso Nacional, además de un manejo más austero de los fondos públicos y acciones para recobrar el dinero afectado por la situación de Ueno Bank.
Las entidades manifestaron que el plan presupuestario presentado no incluye los efectos económicos derivados de la crisis del mencionado banco y presenta estimaciones que consideran fuera de la realidad. Según los cálculos manifestados por los gremios en su nota, el daño a los fondos del Estado se ubicaría entre el 1,5 % y el 2 % del producto interno bruto. Asimismo, señalaron que la situación impactó en los ahorros de casi tres millones de paraguayos, provocó la pérdida de más de 5.000 empleos, disminuyó la actividad comercial y perjudicó las condiciones para la emisión de deuda soberana.
Ante este escenario, las organizaciones solicitaron ajustar el PGN 2027 a proyecciones reales de ingresos y egresos, junto con el respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal para converger a un límite de déficit del 1,5 % del PIB. Para lograrlo, plantearon disminuir los gastos corrientes que no sean productivos, recortar desembolsos superfluos y dejar sin efecto los incrementos en los sueldos que no tengan justificación. Igualmente, requirieron investigar las fallas en la supervisión bancaria y determinar el grado de responsabilidad de los encargados del control.
Entre las modificaciones institucionales planteadas figura la anexión de la Secretaría Nacional de Turismo al Ministerio de Industria y Comercio mediante reformas en las leyes. También solicitaron afianzar el cobro de peajes con la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, reforzar las verificaciones contra el contrabando, revisar ciertos esquemas laborales en la función pública y destinar recursos presupuestarios al Consejo de Seguridad Social con el fin de poner en marcha la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
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