Justificación del ejecutivo apuntó a la reciprocidad que se debe tener con Argentina y Brasil para tomar este tipo de decisiones.
Por medio de un veto presidencial, el Poder Ejecutivo demostró su desacuerdo con la Ley No. 6640/20, sancionada por el Congreso con la intención de incorporar los gastos sociales y royalties de las entidades Nacionales Itaipú y Yacyretá al Presupuesto General de la Nación (PGN).
La posición política fue anunciada mediante una conferencia de prensa desde la Cancillería, en la que estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor; el canciller nacional, Federico González; y el titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.
Cabe destacar que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no se hizo presente para el anuncio y la noticia fue recibida con críticas por parte de un sector de la ciudadanía que considera que, a través del control parlamentario, estos recursos podrían ser mejor administrados. Actualmente, el dinero es manejado a discrecionalidad por las entidades.
Durante la conferencia, el argumento de justificación presentada por Villamayor fue que aceptar un cambio de este tipo por una decisión jurídica, sin la anuencia de la contraparte (Brasil o Argentina), implicaría tomar una decisión unilateral, y automáticamente se facultará a la otra parte a hacer lo mismo con cualquiera de los componentes del anexo.
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