Un total de cinco legisladores, dos colorados y tres liberales, investigados por supuestos hechos punibles cometidos siguen gozando de la comodidad de sus curules en el Congreso Nacional.
A pesar de que varios políticos de gran peso finalmente terminaron siendo separados de su función como legisladores debido a procesos judiciales que enfrentan por supuestos hechos punibles, aún quedan otros que se siguen aferrando al cargo, aguantando la presión ciudadana que exige sus salidas.
En esta lista tenemos al senador colorado y ex intendente de Ciudad del Este Javier Zacarías Irún, quien con su esposa, Sandra McLeod están imputados por supuestas irregularidades cometidas cuando a cada uno le tocó ejercer el cargo de jefe comunal en la capital de Alto Paraná. Perdió sus fueros en el Senado pero no fue separado pese a la presión ciudadana que realizó protestas en Asunción y Ciudad del Este.
Otro colorado que está en la mira de la Justicia es el diputado Tomás Rivas, quien quedó al descubierto gracias a una investigación periodística de ÚH que reveló cómo sus caseros cobraban sueldo de la Cámara Baja, caso similar al de José María Ibáñez, quien había sido blanqueado pero la presión ciudadana lo obligó a renunciar. Rivas también fue escrachado pero logró la protección de sus pares.
El diputado liberal Carlos Portillo corrió con la misma suerte que Rivas, ya que entró en el paquete de los protegidos, a pesar de que la ciudadanía pide la pérdida de su investidura, ya que es uno de los protagonistas del escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde quedó al descubierto una red de tráfico de influencias.
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