En 2019, el Estado gastó más de US$ 125 millones en beneficios y gratificaciones a los funcionarios públicos. Ahora se recortaron esos privilegios, lo que genera protestas y polémicas por las remuneraciones extraordinarias y ofensivas para los ciudadanos comunes.
Diversos sindicatos de funcionarios públicos iniciaron una guerra y, como parte de su campaña ofensiva, salieron a las calles a protestar contra el decreto 3264, que reglamenta la Ley del Presupuesto General de la Nación del 2020. A diferencia de otras contiendas, en este conflicto el enemigo no es una poderosa nación en busca de extender sus dominios, sino una disposición legal que pretende racionalizar el gasto público.
Con pancartas, gritos y petardos, formando trincheras frente al Ministerio de Hacienda, los integrantes del gremio de la Ande y de otros 34 sindicatos buscaron preservar abusivos beneficios como ayuda vacacional y alimentaria, doble aguinaldo y muchos otros privilegios. Así, en el marco de la primera batalla, los funcionarios se movilizaron contra el arma principal de su adversario: la disposción del decreto que reduce el pago de estos beneficios hasta un salario mínimo por persona.
Como un reflejo de cualquier otro enfrentamiento, cada guerrero viste un uniforme que le sirve como escudo ante la amenaza de futuros ataques; en esta batalla, los funcionarios de entidades estatales utilizan los llamados contratos colectivos a fin de intentar salvaguardar privilegios adquiridos, en periodos anteriores. El papel de víctima siempre está representado por la ciudadanía que, mientras lucha contra las carencias sociales, debe solventar con sus impuestos los privelegios absurdos.
Empresas públicas como la Ande, Petropar y la INC lideran el ránking de las entidades estatales más beneficiadas con subsidios y gratificaciones que, en algunos casos, son dignos de un filme de terror. Solo en concepto de subsidio familiar, los funcionarios de estas empresas públicas reciben pagos extras para vacacionar, cubrir gastos médicos, asegurar la alimentación básica y la escolaridad de sus hijos menores; además, reciben subsidios por matrimonio, fallecimiento de un familiar y como complemento de reposo.
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