En el 2010, legisladores habían repudiado la reposición de dos ex ministros del Poder Judicial destituidos vía juicio político. Ahora exigen que resuelvan acciones sobre pérdida de investidura.
En el 2010, el Senado emitió una resolución en pleno receso parlamentario manifestando su repudio y rechazo a la sentencia que ordenaba la reposición de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.
“La facultad de juzgar en juicio político a los funcionarios citados en el artículo 225 de la Constitución es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional”, indicaba el documento.
Esto fue remitido al entonces presidente de la República Fernando Lugo; a Antonio Fretes, quien presidía la Corte; al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e incluso al embajador ante la OEA, y los del vecino país.
Miguel Carrizosa ocupaba la presidencia del Congreso, y el vicepresidente era Enrique Salyn Buzarquis, quienes junto con los demás senadores pegaron el grito al cielo por la intromisión de la Corte.
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