El presidente, Santiago Peña, tiene en sus manos definirse como verdugo o salvador de una ley que lo afecta hasta los tuétanos, la que castiga casos de conflicto de intereses, o “puertas giratorias”, en la función pública, que será aniquilada si promulga las modificaciones del Congreso.
El pasado 13 de diciembre, la y sancionó un proyecto de modificación y derogación de 22 artículos de la actual Ley de Nº 7089/2023 “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, y que afecta directamente a este Gobierno, no solo por el hecho de que Peña es el principal ejemplo de “puerta giratoria”, sino por los casos que ahora saltan de familiares colgados de cargos públicos.
El artículo 205 de la Constitución Nacional, “de la promulgación automática”, establece los plazos que posee el Ejecutivo para pronunciarse, antes de que se dé por asumido el visto bueno a un proyecto de ley proveniente del Congreso.
En este caso, el proyecto de modificación consta de la revisión de 18 artículos y la derogación de otros cuatro (todo el capítulo relacionado a puertas giratorias), por lo que a partir de la recepción del proyecto, Peña tiene 20 días hábiles para expedirse antes de que la ley quede promulgada automáticamente.
El plazo fenece a principios del próximo año. Sin embargo, la dilación por parte del Ejecutivo, el cuestionado veto al proyecto de ley que busca evitar el “puenteo” a las fiscalizaciones de Contraloría, los escándalos con familiares ubicados en cargos públicos y los antecedentes como “puertas giratorias” de Peña y varios de sus ministros hacen temer la promulgación.
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