Los objetivos de la operación cicatriz, impulsada por el veterano dirigente colorado José Alberto Alderete, de máxima confianza del Presidente, son presuntamente dejar de lado las diferencias internas, dar gobernabilidad al Mandatario para que concluya bien su mandato y así mejorar las chances electorales de la ANR el año próximo y en 2023. Sin embargo, se sospecha de una “agenda oculta” que se resumiría en 9 puntos. Algunos ya se cumplieron.
1. Ingreso de dirigentes de Añetete al Comité Ejecutivo del Partido Colorado, ya concretado con la incorporación de José Alberto Alderete (vicepresidente primero), el senador Silvio Ovelar (secretario político), Jazmín Narváez (miembro) y el ministro de Desarrollo, Mario Varela (secretario), quienes se suman al senador Luis Castiglioni (vicepresidente segundo), al senador Juan Carlos Galaverna (miembro) y a la senadora Lilian Samaniego (miembro). Se formaliza así una pretendida “institucionalidad partidaria” con una amplia mayoría cartista (11 miembros a 6).
2. Cogobierno encubierto en directivas y “bajadas de línea” de la Junta de Gobierno con mayoría cartista. La administración de Mario Abdo Benítez deberá llevar sus iniciativas y propuestas ante el partido para que sean analizadas, modificadas o rechazadas, para luego instar a todos los parlamentarios colorados a apoyarlas.
3. Cambios en el Gabinete de Abdo Benítez, a mediano o largo plazo; el cartismo exigiría las cabezas de Rodolfo Friedmann (Agricultura), Eduardo Petta (Educación), Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Senad), Emilio Fuster (Anticontrabando), José Casañas Levi (Anticorrupción-MEC); enemigos declarados del líder de HC en algunos casos y otros por no pertenecer a la ANR pese a que en el gobierno de Cartes también había ministros y secretarios de otros sectores políticos.
4. Facilitar impunidad a corto, mediano y largo plazo, entre otros la del senador cartista acusado Javier Zacarías Irún, el exsenador cartista acusado Óscar González Daher, el condenado exsenador cartista Víctor Bogado y los diputados procesados de Añetete, Miguel Cuevas y Ulises Quintana. A través de fiscales y jueces se congelarían causas, habría sobreseimientos o penas mínimas.
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