La transparencia que alega Leite para impulsar su proyecto de control a la sociedad civil ya se da en la práctica. La normativa que tiene Peña en su poder podría sobrelegislar y causar más caos.
Las organizaciones sin fines de lucro ya rinden cuentas a más de doce instituciones con la legislación vigente y, dependiendo de cada rubro, algunas presentan sus informes a una cartera en específico, como puede ser el Ministerio de Educación o de Salud. En general, son controladas por 14 entes aproximadamente. Las rendiciones de cuentas pueden ser mensuales, trimestrales o anuales.
Los referentes sostienen que la ley de control a las organizaciones no gubernamentales, impulsada por Gustavo Leite, es innecesaria y puede generar una sobrelegislación con excesiva burocracia que podría desordenar y sobrepasar al Estado. En un informe de Telefuturo se enlistan las instituciones que reciben la documentación de las oenegés, la mayoría con fondos privados y nada de dinero público.
Son los casos de las más atacadas por el cartismo actualmente, como Codehupy, Semillas para la Democracia, Alma Cívica, el CIRD, entre otras. En cuanto a Juntos por la Educación, se financia con aportes de empresarios y cooperación internacional.
No obstante, otras, como la Opaci, sí manejan un presupuesto que proviene de dinero público, específicamente municipal, ya que recaudan alrededor de G. 18.000 millones al año por los registros de conducir, según especificó su director, Nelson Peralta.
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