Los rapiñeros del Presupuesto no van a desaparecer con la pandemia - Editorial - ABC Color

Los rapiñeros del Presupuesto no van a desaparecer con la pandemia - Editorial - ABC Color

El juez de garantías Raúl Florentín hizo muy bien al admitir una acción de amparo de David Riveros, de la ONG “reAcción”, y Esther Roa, de la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados, ordenando así que la Contraloría publique en su página web las manifestaciones de quienes dirigen las entidades involucradas en la atención de la crisis sanitaria. El contralor Camilo Benítez Aldana anunció que no apelará tal decisión judicial. El Gobierno ha adoptado medidas extraordinarias y ha destinado sumas multimillonarias en la actual coyuntura, situación que puede servir para que los corruptos de siempre y los que aspiran a serlo se llenen los bolsillos a costa de la salud de todos. Es llamativo que, incluso en estas graves circunstancias, habiendo aprobado una ley que habla de la participación ciudadana y de la divulgación informática de las rendiciones de cuentas finales por parte de la Contraloría, sin previa intervención judicial, la Cámara de Diputados haya vuelto a exigir un fallo de la Justicia con relación a las declaraciones juradas, modificando lo resuelto en el Senado. Sin duda, algunos que tendrían mucho que ocultar temen un “exceso de transparencia”, que podría afectarles.

Aún se aguarda que la Corte Suprema de Justicia resuelva una acción de inconstitucionalidad planteada hace dos años por el entonces contralor general de la República, Enrique García, contra dos fallos que hicieron lugar a un pedido de amparo de un periodista de este diario, porque se le había denegado la entrega de copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por altas autoridades nacionales entre 1998 y 2017. Entretanto, el juez penal de garantías Raúl Florentín hizo muy bien en admitir, el último 22 de abril, una acción de amparo de David Riveros, de la organización...

La oportuna iniciativa ciudadana respondió a que la citada ley, que prevé destinar 530 millones de dólares al fortalecimiento del sistema de salud, faculta al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, a “redireccionar” los créditos presupuestarios de los organismos estatales a la cartera de Salud Pública, autoriza al Equipo Económico Nacional a crear “unidades de compra ad hoc” que cooperen con las entidades públicas para “agilizar” las compras de bienes o insumos para atender la emergencia, y ordena que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas adopte medidas “simplificadas y expeditivas...

Como es obvio, normas como las citadas pueden servir para que los corruptos de siempre y los que aspiren a serlo se llenen los bolsillos a costa de la salud de todos. Es cierto que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo, tras promulgar la ley, que se está “trabajando en equipo para garantizar que cada guaraní sea usado de forma efectiva y transparente”. Es bueno confiar, pero es mejor controlar. La misma normativa instaura una Comisión Bicameral del Congreso para velar por el empleo transparente de los fondos previstos en ella y encarga a la Contraloría, en coordinación con...

En este caso, la transparencia debe ser un mandato inexorable, más que nunca. Bastaron unos pocos días para que, en el marco de la crisis sanitaria, se develaran un par de groseras corruptelas en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y en Petróleos Paraguayos (Petropar). No basta con que sus responsables hayan sido “renunciados”: es preciso que el Ministerio Público cumpla con su deber y que, eventualmente, la Justicia los sancione. La grave situación actual, que generó regulaciones financieras y administrativas excepcionales, no debe ser aprovechada para un indignante...

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