Las binacionales y el Poder Judicial ejercen fuertes presiones sobre el Poder Ejecutivo para ser excluidos de los recortes salariales anunciados y esto hace que se demore la reglamentación de la ley de emergencia.
El proyecto de decreto reglamentario seguía hasta anoche en un proceso de ajuste y su promulgación, finalmente, se daría en la fecha, según confirmaron desde el Ministerio de Hacienda.
La información que ayer trascendió es que la demora para reglamentar la nueva normativa obedece a las presiones realizadas desde las entidades binacionales y desde la justicia para ser excluidas de los recortes salariales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió una nota al ministro de Hacienda, Benigno López, para solicitar que los magistrados sean exceptuados de la reducción de sueldos, de acuerdo con un comunicado que difundió la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.
Todo esto surgió tras el anuncio efectuado por el ministro de Hacienda en Palacio de Gobierno, de que el salario de las autoridades no deberán sobrepasar al del presidente de la República (G. 37 millones mensuales) y que se estableció un recorte del 10% y 20% para niveles salariales más altos.
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