Jurídicamente no existen dudas de que el fallo de reposición en el cargo como ministro de la Corte de Bonifacio Ríos Ávalos (63) está firme y ejecutoriado con la resolución de aclaratoria que emitió la Sala Constitucional. Sin embargo, los políticos siguen interfiriendo y manejando el Poder Judicial a su antojo, en una clara muestra de intromisión de un poder del Estado en otro.
Para entender lo que sucedió desde la destitución del entonces ministro de la Corte Dr. Bonifacio Ríos Ávalos, hay que seguir una cronología. Sin embargo, surge la pregunta de qué se hará o de qué manera se cumplirá la sentencia de la Corte que ordena la reposición del exmagistrado en la máxima instancia judicial. Además de ser un problema jurídico, es también político, porque son varios los partidos políticos que están atentos y firmes para que no se cumpla la medida judicial.
El entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, unos días después de asumir en el año 2003, pronunció un encendido discurso y bastante polémico en el que amenazó con que: “VOY A PULVERIZAR EL PODER JUDICIAL”. Luego se iniciaron las tratativas con los partidos políticos para la obtención de seis vacancias, de las cuales dos corresponderían al Partido Liberal, 3 al Partido Colorado y 1 a Patria Querida.
Acto seguido se buscaron los nombres de los ministros de Corte a ser enjuiciados y posteriormente se analizaron las supuestas causales. Una vez encontrados los presuntos motivos, la Cámara de Senadores dictó un reglamento “ex post facto” (posterior al hecho) –declarado inconstitucional– y contra el citado reglamento se planteó una de las acciones de inconstitucionalidad, específicamente contra la Resolución N° 122 del 25 de noviembre de 2003, indicó Ríos Ávalos.
Posteriormente, en pleno juicio los acusadores de Ríos Ávalos desistieron de todas las causales, menos de dos que son resoluciones del pleno de la Corte sobre cuestiones jurisdiccionales y contra la prohibición expresa de los art. 193 y 195 de la Constitución, que prohíben la interpelación e investigación a los miembros del Poder Judicial, en materias jurisdiccionales.
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