Una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a particulares en detrimento del bien común está generando un caos institucional en Asunción y activa una bomba de tiempo ambiental, acusa el gremio de estaciones de servicio, Apesa.
La Corte deja de lado el bien común, en beneficio de particulares, acusan
Los intereses comerciales de particulares pueden ser utilizados para dejar sin efecto legislaciones emanadas por entidades de derecho público, cuyas finalidades son precautelar el ordenamiento territorial y las normas de conservación del ambiente, según se puede inferir de la reciente Medida Cautelar (AI 252/ 2021) otorgada por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac). Así señala una parte del largo manifiesto difundido ayer por otro de los gremios del ramo, la Asociación de...
En beneficio de las empresas Enex, Gasur, Copeg, Gas Corona, 3MG, Integral Trading y Fuelpar, que integran Cadipac, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la medida cautelar que suspende los efectos de las ordenanzas municipales número 50/92, 117/99, 06/02 y 71/03, sobre la provisión, manipuleo, almacenamiento de combustibles, líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales destinados a su comercialización y actividades afines.
Apesa advierte que la citada decisión de la Corte Suprema, que se suma otra similar que benefició al gremio Cadipac en diciembre de 2019, la AI Nº 2447/ 2019, dejan sin efecto normas técnicas esenciales para beneficio de toda la ciudadanía y del ambiente, mediante facultades que son dadas a la Municipalidad de Asunción y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Leer la nota completa en Diario ABC
