La desesperación del Ejecutivo porque no se sepa el destino que dan los amigos políticos a los denominados fondos sociales que tienen origen en recursos financieros de Itaipú, lo llevó a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la resolución Nº 236 del 30 de abril de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, que dispone una auditoría de la utilización de fondos sociales de ambas entidades binacionales, a pedido de la Cámara de Senadores. Según el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia, para el Presidente de la República y el director de la binacional, la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar y auditar cuentas de la entidad. La Corte debe rechazar in limine la acción presentada por Itaipú con lo cual hará respetar el estado de derecho y principalmente el derecho de los paraguayos a saber cómo se administran sus recursos.
La desesperación del Ejecutivo porque no se sepa el destino que dan los amigos políticos a los denominados fondos sociales que tienen origen en recursos financieros de Itaipú, lo llevó a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la resolución Nº 236 del 30 de abril de 2021, dictada por la Contraloría General de la República, que dispone una auditoría de la utilización de fondos sociales de ambas entidades binacionales, a pedido de la Cámara de Senadores.
La impopularidad que ostenta Mario Abdo Benítez lo lleva a ocultarse detrás del director de Itaipú, Manuel María Cáceres, funcionario nombrado por él. Además, porque es consciente de que su postura es contraria a la Constitución y hacerla pública agregaría una causal más para un juicio político.
La falacia es una herramienta del razonamiento empleada para inducir en error, consistente en presentar premisas con apariencia de verdaderas, aunque en la realidad son falsas. Veremos cómo los argumentos plasmados en la acción digna de traidores a la Patria son falaces.
Según el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia en forma de acción de inconstitucionalidad, para el Presidente de la República y el director de la binacional, la Contraloría no tiene atribuciones para fiscalizar y auditar cuentas de la entidad, puesto que ello no está contemplado como una atribución constitucional, por lo que su resolución supuestamente es contraria a la Carta Magna.
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