La resolución 1.115 de la Unión Europea entrará en vigencia el año próximo, la cual prohíbe la comercialización en el bloque de materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y degradación ambiental. El sector productivo local se muestra en contra de algunos puntos de la citada norma. Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), cuestiona la trazabilidad solicitada, ya que no solo será del producto sino del entorno.
El pasado 31 de mayo del 2023, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento 1.115, documento relativo a la comercialización en el mercado de la unión y a la exportación desde la Unión, de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
Básicamente, el documento prohíbe introducir, comercializar o exportar productos si no están certificados como libres de deforestación y que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción.
De esta manera, desde el 2025, los países que quieran exportar sus productos al citado bloque deberán cumplir con estas exigencias, teniendo en cuenta que este reglamento entra a regir oficialmente desde el próximo año.
Los países como Paraguay deberán cumplir un sistema de «diligencia debida», que está compuesto por requisitos como: descripción de productos, cantidad y país de producción; geolocalización de parcelas; datos de proveedores e información que compruebe que los productos están libres de deforestación y conforme a la legislación del país de producción, etc.
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