La exclusión de funcionarios del padrón de la lista de abogados para las próximas elecciones de este gremio cambia el escenario para muchos candidatos que tenían cautivo el voto de jueces, fiscales y defensores públicos. Se avecina una reñida puja por acceder a dos lugares en el Consejo de la Magistratura.
La “depuración” del padrón fue solicitada y argumentada esta necesidad especialmente por el Colegio de Abogados del Paraguay, ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. El titular de este gremio Rubén Galeano, había sostenido ante los ministros de Corte que solo deben participar del sufragio los “abogados matriculados”, es decir, los letrados que ejercen la profesión, y que se debía excluir a los abogados funcionarios como jueces, fiscales, defensores públicos, síndicos, porque este estamento no tiene una representación propia por mandato de la ley.
Por su parte, la Asociación de Fiscales del Paraguay pidió a la Corte que estos funcionarios sigan en el padrón y puedan elegir a sus representantes. El argumento esgrimido fue más por razones de orden constitucional que menciona la “igualdad de las personas”, y en este caso con sus pares abogados del sector privado o particular.
Lo cierto es que los fiscales y defensores públicos hacen en este periodo eleccionario, campañas cuasi políticas a favor de sus candidatos, no solamente puede decirse que es una actividad gremial. La razón para participar de esta campaña siempre fue muy evidente: tener acceso y poder llegar, especialmente, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para poder controlar las eventualidades adversas que se puedan presentar en institución.
Igual situación ocurre con los jueces, quienes están organizados por medio de la Asociación de Magistrados del Paraguay, o de la Asociación de Jueces del Paraguay, para poder tener acceso al Jurado de Enjuiciamiento.
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