Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
Uno de los bufetes más prestigiosos de Centroamérica, Alemán, Cordero, Galindo & Lee, volvió a entrar en modo “limitación de daños”.
Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear 4.200 millones de dólares de dinero saqueado. Entre esos clientes había exfuncionarios de alto rango de la compañía petrolera nacional de Venezuela, una institución plagada de corrupción en un país sumido en el caos, además de otros con estrechos vínculos gubernamentales.
La empresa, conocida como Alcogal, tenía motivos para alarmarse: algunos de los venezolanos implicados en el escándalo eran clientes suyos. Había creado para ellos empresas ficticias en el extranjero.
Siguiendo un guion muy trillado, la empresa panameña montó rápidamente un equipo para abordar la emergencia y decidió renunciar a ser el agente registrado de muchas de las empresas. El motivo de la decisión: “El impacto de las noticias negativas” y “el nivel de riesgo que representan estas empresas por las personas que las integran”, según un informe interno de 2015 redactado en español.
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