La Entidad Binacional Itaipú nace como una figura innovadora del Derecho Internacional Público. Dos Estados acordaron, por un Tratado Bilateral y en pie de igualdad, explotar los recursos hidráulicos del río Paraná para beneficio común y compartido, preservando las respectivas soberanías. No obstante, el “pacta sunt servanda” (contrato obligatorio con fuerza de ley) no fue cumplido de buena fe y los beneficios compartidos instaurados en el Artículo XIII del Tratado de Itaipú no fueron más que engañifas para adjudicar a Brasil la electricidad no consumida por Paraguay y compensada por Itaipú. Todo ello, resultaba en un aprovechamiento unilateral de la margen izquierda de un 93% de la producción hidroeléctrica.
Esta asimetría documentada y conocida ampliamente por los ingenieros especialistas del Sector Energía, requiere de nuestros juristas un exhaustivo examen del tratado bilateral. En el 2023, las partes podrán revisar en el Anexo “C” o bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad, la relación de las potencias contratadas “por la entidades de ambos países” teniendo en cuenta que las deudas por las obras estarán totalmente amortizadas luego de cincuenta años de la firma del Tratado de Itaipú.
No obstante, la potencia contratada es transversal a todos los documentos acordados en Itaipú y están relacionados directamente con los seis puntos reclamados por Paraguay en la mesa de negociaciones del 2008. Como en todos los casos, el Brasil hizo oídos sordos a todos los puntos demandados.
La división “en partes iguales entre los dos países”, instituido en el Art. XIII del Tratado de Itaipú, que además reconocía en el mismo párrafo el derecho de adquisición “… de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo” permitió, con la venia del presidente del Paraguay, la apropiación indebida de Itaipú por el Brasil.
En el proceso de apropiación, una vez conseguida la burda copropiedad brasileña del Salto del Guairá, según el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966 –no aprobados por la Cámara de Representantes (Constitución de 1940)– la simulación del precio justo del excedente, establecido en el Acta Bilateral, fue la pócima para seguir simulando un pacto equitativo.
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