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La cumbre Marito-Trump sirvió de advertencia a la Fiscalía y al Poder Judicial, con el mensaje de no entorpecer los procesos de condena a los políticos protectores del lavado de dinero, el crimen organizado y el narcotráfico. El ultimátum norteamericano se centra con fuerza sobre Javier Zacarías Irún, cuya prisión no se efectiviza hace nueve meses por las chicanas toleradas hasta por la Corte Suprema.
Previas felicitaciones por su postura en pro de la institucionalidad en el país y en procura de la vigencia del Estado de Derecho en el continente, con marcada preferencia por la democratización de Venezuela, el Gobierno de Donald Trump insistió a Marito Abdo que quiere “resultados” en Paraguay, tanto en el combate al crimen organizado, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, como en todo lo que atañe al control sobre los tráficos en la Triple Frontera.
En tanto Abdo Benítez trató de justificar en parte su “falla” de no llevar en bandeja la cabeza de HC o de ZI al Tío Donald, atribuyendo el tropezón al poder real que prácticamente está en manos del cartismo, la histórica cita con Trump ha demostrado que el presidente ya no tiene ahora pretextos para actuar contra la estructura de protección de la narcopolítica y la gran lavandería de dinero sucio, que se consolidó precisamente en el período del maridaje entre Cartes y Zacarías Irún, entre 2013 y 2018.
Una asignatura pendiente para los norteamericanos es que ningún “pez gordo” del colosal lavado de dinero transnacional que se realiza a través del Paraguay, ha recibido condena, y menos aún sus protectores políticos, entre los que se cuentan, en forma notoria, el expresidente, investigado por la Justicia brasileña por el caso Lava Jato, y el senador cartista, actualmente con orden de prisión en suspenso con acusación, entre otros crímenes, también por lavado de dinero.
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