La municipalidad de Ciudad del Este perdió la administración del predio donde se asienta el shopping Box, como muestra de la influencia que vuelve a tener sobre el Poder Judicial el clan familiar de Javier Zacarías Irún. Gracias a que las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA) lanzaron el grito al cielo de su indignación por la maniobra del senador cartista, la ley aprobada pasó a provocar un escándalo mayúsculo en las redes sociales y en la prensa no oficialista, obligando al presidente Santiago Peña a adelantar su veto al proyecto, desautorizando así al mismísimo líder de bancada de la mayoría en el Senado, quien es además uno de los políticos más cercanos al Patrón HC, fue ex diputado y ex asesor político de Cartes durante su presencia en el Palacio de López. El hecho de disfrutar de la cercanía con el hombre fuerte del país también está volviendo a hacer pisar fuerte al clan Zacarías Irún en el Alto Paraná, al conocerse la resolución judicial favorable para la vuelta de la administración del Shopping Box, lindante con la zona aduanera de Ciudad del Este, a sus antiguos concesionarios que habían sido beneficiados por Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod, cuando eran los mandamases de CDE. El problema es que por lo visto el clan ZI nunca dejó de tener influencias en el Poder Judicial a través tanto del senador Javier Zacarías Irún, su hermano el actual director de Itaipú Justo “Lucho” Zacarías y la esposa de éste la diputada Rocío Abed, quien a la vez maneja varias comisiones de la Cámara Baja. Lo que sí llama la atención es que la “privatización” de tierras fiscales sin mayores análisis en el Congreso, tuvo ahora un freno gracias a la firme actitud de las senadoras opositoras Paredes y Amarilla, por un lado, y por el rechazo ciudadano manifestado en las redes sociales, lo que evidentemente contrasta con la rapidez y facilidad que en contrapartida reciben las presentaciones promovidas por el clan ZI en el Poder Judicial, al amparo de la bendición con que también cuentan desde el Quincho del poder. Pero el problema radica en ese mismo 5 por ciento con el que no está de acuerdo Santi, y que es el resultado del enorme poder fáctico con el cual HC mantiene su hegemonía política, con fuerte injerencia en el Legislativo y en el Poder Judicial, además de la Fiscalía y la Contraloría, que son todos estamentos con los que el presidente de la República busca cooperar para hacer frente a los grandes temas anticorrupción, además de las corruptelas típicas en la administración estatal y policial con el condimento del “incentivo” privado que facilitan los delitos y crímenes ligados al narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, todos ellos retroalimentados por la impunidad en la estructura judicial y por la protección política.
La municipalidad de Ciudad del Este perdió la administración del predio donde se asienta el shopping Box, como muestra de la influencia que vuelve a tener sobre el Poder Judicial el clan familiar de Javier Zacarías Irún.
El clan ZI muestra su creciente influencia sobre la Justicia, al conseguir que a través de una resolución judicial la comuna de Ciudad del Este deje de administrar el Shopping Box y el estacionamiento anexo, en un predio expropiado en la década del 90. Tanto Javier Zacarías Irún como su esposa Sandra McLeod, cuando dirigían el municipio esteño, habían sido acusados de entregar en concesión el terreno lindante con la zona primaria aduanera, a emprendimientos comerciales privados. Esto ocurre en momentos en que el cartismo en el Congreso ha sido frenado en su intento de darse un “atracón” con...
No le alcanzó al movimiento cartista Honor Colorado, de Horacio Cartes, su aplanadora en el Congreso para concretar un proyecto de “privatización” de valiosas tierras fiscales ubicadas en Remansito, distrito de Villa Hayes a orillas del río Paraguay, a pocos kilómetros al norte de Asunción.
Es cierto que el plan estuvo a punto de hacerse realidad, con ley aprobada y todo, pero con sanción ficta por el retiro de la bancada cartista que dejó a propósito sin quórum la sesión del Senado en la que debía ser tratado el proyecto de ley de expropiación de más de 130 hectáreas de la finca 916 perteneciente al Ministerio de Defensa, y que ya tenía media aprobación de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior que finalizó el 30 de junio de este año.
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