A semanas de que asuma el nuevo Gobierno bajo la dirección de Santiago Peña, han surgido una serie de iniciativas de leyes que apuntan a transformar la estructura de varias dependencias del Estado. La reconfiguración del funcionamiento de entidades claves generó posiciones dispersas, al considerar que el paquete de reformas es presentado con celeridad y sin debate previo alguno.
Antes de abordar el conjunto de proyectos es importante recapitular las normativas impulsadas e implementadas durante las últimas dos décadas y que, en ediciones anteriores, ya habían sido compartidas y analizadas.
En tal sentido, una de las primeras decisiones económicas al inicio de la democracia había sido la conversión de un tipo de cambio libre y fluctuante. Años después, la vigencia de una normativa que estableció el nuevo régimen tributario con la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La crisis financiera del año 1995 fue el escenario para la creación de varias leyes que dotaron al Banco Central del Paraguay (BCP) de importantes herramientas de manejo del sistema financiero como la ley orgánica de bancos y la de seguros.
En el año 1999, las finanzas públicas también experimentaron modificaciones con la ley de administración financiera del estado, por la cual se establecieron limitaciones en las intervenciones fiscales y monetarias como el tope de la figura del crédito de adelanto de corto plazo.
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