La posibilidad de un paro de buses de 72 horas desde el lunes 21 de julio sacudió el debate sobre el transporte público en el Área Metropolitana. Aunque el servicio no se haya suspendido, tras un acuerdo entre empresarios y el Gobierno, la advertencia bastó para poner sobre la mesa lo que muchos ciudadanos ya experimentan diariamente: un sistema precario, caro para el Estado y financiado a crédito, según resalta un estudio de Horizonte Positivo.
La amenaza de paro del , que se desactivó el pasado viernes tras acuerdo entre los gremios de empresarios Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) y la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), así como del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), reavivó el debate sobre el cuestionado sistema.
La conciliación se logró luego de que el Gobierno accediera a prácticamente todas las exigencias de los gremios: El pago del subsidio correspondiente al mes de mayo, la actualización de la tarifa técnica del pasaje —que determina el monto abonado por el usuario y el subsidio estatal—, el contrato a la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil y el estudio del traslado directo del subsidio a los pasajeros.
Para responder esta pregunta, un estudio de Horizonte Positivo hace referencia a la Encuesta de Movilidad del Área Metropolitana de Asunción -AMA (PNUD- INE, 2021). La misma reveló que muchas personas han dejado de considerar al transporte público como una opción de movilidad viable.
En días laborales, gran parte de la población opta por el automóvil o incluso caminar, antes que esperar un bus cuya llegada es incierta.
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