El fraudulento proyecto Metrobús, impulsado por el MOPC durante el gobierno de Horacio Cartes, siendo titular de esa cartera el economista Ramón Jiménez Gaona, constituye una colosal estafa por partida doble: a las arcas del Estado, por un lado, y a la confianza del Pueblo paraguayo en la gestión del Gobierno, por el otro. La gran ironía es que si bien en la actualidad no quedan ya ni escombros del adefesio vial implantado a lo largo de la ruta Mariscal Estigarribia por la empresa contratista portuguesa Mota Engil, la ciudadanía contribuyente tiene que cargar sobre sus espaldas una deuda de US$ 72,7 millones por una obra pública que ahora solo existe en la memoria de la gente. Estamos así ante un flagrante delito de lesión de confianza en perjuicio del Estado. Y lo que es peor, sin que hasta ahora haya sido individualizado un solo delincuente, pese a los 18 meses transcurridos desde que la Contraloría General de la República inició la correspondiente auditoría de gestión para individualizar a los responsables del delito.
El fraudulento proyecto Metrobús, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el gobierno de Horacio Cartes, siendo titular de esa cartera el economista Ramón Jiménez Gaona, constituye una colosal estafa por partida doble: a las arcas públicas, por un lado, y a la confianza del Pueblo paraguayo en la gestión del Gobierno, por el otro. La gran ironía es que aunque en la actualidad no quedan ya ni escombros del adefesio vial implantado a lo largo de la ruta Mariscal Estigarribia por la empresa contratista portuguesa Mota Engil, la ciudadanía contribuyente...
Ante tan llamativa demora, el pasado 1 de junio, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso creada para investigar este fiasco, presidida por el diputado Ramón Romero Roa (ANR, abdista), convocó al contralor general y al procurador general de la República, urgiéndoles el finiquito del correspondiente informe al respecto. Al día siguiente, el contralor general remitió al MOPC un cuestionario con 91 observaciones para su descargo, la mayoría de ellas pasibles de ser consideradas como hechos punibles y que por consiguiente deberían ser remitidas al Ministerio Público. El mismo...
Como si no hubiera pasado ya suficiente tiempo desde que se destapó el fiasco, cumplido el plazo de 10 días corridos impuesto por el contralor general, Camilo Benítez, el 19 de los corrientes el ministro Arnoldo Wiens solicitó prórroga, argumentando la gran cantidad de puntos a responder, y el pasado miércoles 24 acercó sus respuestas al contralor. Así las cosas, recién en el próximo mes de julio se tendría finiquitado el documento a ser remitido a la Fiscalía, luego de revisar las respuestas dadas al cuestionario por las autoridades del MOPC.
Con idas y vueltas, pasándose la “pelota tatá” entre el MOPC, la Procuraduría General y la Contraloría, y devuelta de forma recurrente por los mismos andariveles institucionales, la Comisión Bicameral de Investigación del fato viene también perdiendo credibilidad por su demora en finiquitar la pesquisa, de la misma forma como ocurrió con la que se formó para investigar la furtiva firma del Acta Bilateral sobre Itaipú en Brasilia el 24 de mayo de 2019, la que a la postre fracasó en su cometido al declararse incapaz de identificar a los responsables de esa traición a los intereses nacionales.
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