El grado de inversión conseguido hace poco después de mucho trajinar de las instituciones económicas rectoras como el Banco Central, podría ponerse en riesgo, con la arremetida cartista contra las organizaciones de la sociedad civil, advierten no sólo gobiernos extranjeros amigos, sino también entidades mundiales de prestigio como Amnistía Internacional. El presidente Santiago Peña se encuentra ante la disyuntiva de acelerar o frenar el creciente autoritarismo de la conducción cartista, que envalentonada por su mayoría en el Congreso con el aporte de un Poder Judicial sumiso, está a punto de poner al Paraguay en el repudiado ámbito de países que han declarado la guerra a su sociedad civil, como forma de perpetuar regímenes dictatoriales de nuevo cuño, ya sea de izquierda o de derecha. En el documento, se le pide al Jefe de Estado el veto a la ley anti-ONG aprobada por el Congreso a tambor batiente, sin atender los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil paraguaya, que temen con justa razón un control asfixiante fuera de todo el marco jurídico constitucional, con el solo objetivo de hacer desaparecer a las entidades civiles críticas al unicato cartista y de paso también promover una “vendetta” contra quienes supuestamente llevaron a que Horacio Cartes recibiera una fuerte sanción económica de Estados Unidos. La lucha contra estas lacras que son amenazas nefastas para la atracción de las inversiones, es encarada precisamente por varias entidades no gubernamentales de la sociedad civil que desde ahora podrían estar en grave riesgo de sobrevivencia en un ambiente en el que van a prevalecer las medidas de coerción de parte del mismo Estado, en el caso que Santi Peña no se anime a enfrentar las directivas provenientes del Quincho del poder fáctico a cargo de HC. El concepto positivo que se tiene del Paraguay por sus condiciones óptimas para invertir, exige cumplir desde ya la recomendación de una mejor gobernanza, porque el grado de inversión podría perderse si es que no se cambia de actitud en relación a la sociedad civil y sus organizaciones sin fines de lucro que hoy están amenazadas por la aplanadora cartista. Poor’s (S&P) no concederá de momento el grado de inversión a Paraguay, porque exige replicar la fortaleza institucional de los entes rectores de la macroeconomía, como el BCP y el MEF (ex Hacienda), en la Justicia, la Fiscalía y en el respeto a las organizaciones de la sociedad civil. Pero la inquietante interrogante aparece ante la prioridad dada por el cartismo a la ley represiva de tinte dictatorial contra las ONG, de clara naturaleza anticonstitucional, que va evidentemente de contramano al pedido de las calificadoras internacionales, cuando con el pretexto de la “transparencia” se quiere fulminar la sana crítica independiente de las entidades de la sociedad civil, existiendo además la intención solapada y ya casi explícita de pasar a la siguiente etapa represiva, que será contra la prensa comprometida con el alto interés patriótico.
El presidente Santiago Peña, durante una entrevista en la televisión norteamericana en su reciente visita a Estados Unidos, prometió que defenderá la libertad y la democracia en el Paraguay. Ahora tiene la ocasión de hacerlo si es que veta la ley anti-ONG.
El grado de inversión conseguido hace poco después de mucho trajinar de las instituciones económicas rectoras como el Banco Central, podría ponerse en riesgo, con la arremetida cartista contra las organizaciones de la sociedad civil, advierten no sólo gobiernos extranjeros amigos, sino también entidades mundiales de prestigio como Amnistía Internacional. El Paraguay pasaría a formar parte del ominoso club de países con gobiernos autoritarios que tratan de silenciar las voces críticas e independientes de las entidades cívicas de bien público, hoy en la mira de la ley anti-ONG.
El presidente Santiago Peña se encuentra ante la disyuntiva de acelerar o frenar el creciente autoritarismo de la conducción cartista, que envalentonada por su mayoría en el Congreso con el aporte de un Poder Judicial sumiso, está a punto de poner al Paraguay en el repudiado ámbito de países que han declarado la guerra a su sociedad civil, como forma de perpetuar regímenes dictatoriales de nuevo cuño, ya sea de izquierda o de derecha.
Lo peor es que está en riesgo el “grado de inversión”, trabajosamente conseguido después de muchos años de hacer buena letra en términos macroeconómicos por parte del Banco Central y el ex-ministerio de Hacienda, hoy MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
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