La bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) resolvió apadrinar el proyecto de creación de una Comisión Nacional que estudie mecanismos institucionales de recuperación de las denominadas tierras malhabidas identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008. La noticia fue confirmada por el senador Pedro Santa Cruz, presidente de […]
La bancada del Partido Democrático Progresista (PDP) resolvió apadrinar el proyecto de creación de una Comisión Nacional que estudie mecanismos institucionales de recuperación de las denominadas tierras malhabidas identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008.
La noticia fue confirmada por el senador Pedro Santa Cruz, presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, quien firmó el proyecto de ley con su colega Desirée Masi, para encaminarlo oficialmente en la Cámara. “Para nosotros es una obligación ética acompañar esta iniciativa, ya que son temas que venimos impulsando, y necesitamos un consenso que nos permita avanzar hacia la recuperación”, afirmó.
La iniciativa había sido presentada el jueves 10 pasado, día mundial de los derechos humanos, por la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia, un colectivo que articula a organizaciones del movimiento social y popular; organizaciones campesinas como CONAMURI, Cultiva Paraguay; organizaciones sindicales como la CCT; organizaciones de luchadores y luchadoras contra la dictadura, como CODELUCHA, entre otras, y también individualidades, entre abogados, sociólogos, comunicadores, trabajadores sociales y activistas por los derechos humanos.
La iniciativa pretende crear una Comisión Interinstitucional integrada por representantes de ambas cámaras del Congreso, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, Instituto Paraguayo del Indígena, Corte Suprema de Justicia, Dirección General de los Registros Públicos, Servicio Nacional de Catastro y Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC, para la búsqueda de “soluciones viables a la problemática de las tierras malhabidas”, y “el cumplimiento del programa constitucional vigente sobre la reforma agraria”.
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