La crisis sanitaria ha acelerado el agotamiento fiscal en Paraguay. El modelo de funcionamiento estatal basado en la generación de ingresos corrientes para responder a los gastos corrientes, así como la toma de deudas para el financiamiento del gasto de capital ha llegado a su punto de saturación. Hoy ya no se cuenta con espacio para tomar nuevas deudas sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. A este hecho se suma la falta de recursos genuinos para financiar proyectos de inversión, siendo justamente la inversión en infraestructura elemento clave para el desarrollo y crecimiento de los países.
La inversión en infraestructura es un elemento clave en el desarrollo y crecimiento de los países. Para el Banco Mundial (BM), un aumento del nivel de infraestructura de 1% incrementa temporalmente el crecimiento del producto interno bruto (PIB), entre 1% y 2% (Calderón y Serven, 2014). En cuanto a la inequidad, señala que la misma también disminuye con un aumento de la infraestructura pública porque amplía las oportunidades de producción y trabajo, valorizando bienes y propiedades y mejorando los prospectos de ingresos.
En el aspecto social, la infraestructura facilita el acceso a servicios de educación y salud, elevando el capital humano y ampliando el potencial de trabajo y calidad de vida. De esta forma la infraestructura se vuelve una herramienta valiosa para la reducción de pobreza (Calderón y Serven, 2014).
Desde hace décadas, América Latina y el Caribe (ALC) experimenta el debilitamiento del esquema basado en el desarrollo de la infraestructura, a través de la inversión pública. Los antecedentes que se desprenden del informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dan cuenta que, en casi toda la década de los ochenta, el promedio anual del financiamiento estatal era de 3% del PIB, y una importante reducción de 1% del PIB se registró en la década de los noventa así como un repunte mínimo en el promedio de la inversión pública, de 1,3%, en los años 2000 y 2012.
De acuerdo con el organismo regional, la caída de la inversión pública en infraestructura de los mencionados períodos estuvo vinculada a la crisis de la deuda que afectó a la región, seguida de los profundos ajustes fiscales dispuestos para cumplir con los servicios de la deuda. La década de los noventa estuvo marcada por la importante participación privada en las inversiones de infraestructura. De hecho, el “boom” de las privatizaciones, los procesos de concesión y asociaciones público-privadas, motorizaron esta etapa.
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