Nuestro país asumió el 2 de enero último la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano encargado de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en momentos en que el gobierno -de Santiago Peña (ANR)- sigue con su política de aniquilar leyes que justamente buscan prevenir esos crímenes y delitos financieros.
La jefa de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, fue designada presidenta Pro-Tempore por todo este año en la XLVIII reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Gafilat, grupo que sigue de cerca la actuación de nuestro país, que a finales del gobierno anterior pasó a duras penas las evaluaciones y evitó ser incluido en la lista gris de países ligados al lavado de dinero y otros delitos económicos.
Representantes de organizaciones civiles y exautoridades de Seprelad, como Carlos Arregui, habían advertido a finales del año pasado, al tener media sanción el proyecto de ley de “corrupción o devolución premiada” que con eso el gobierno y la mayoría oficialista que domina ambas cámaras del Congreso ponen en riesgo el estatus de nuestro país, al promover iniciativas que atentan contra la transparencia y promueven o facilitan los hechos de corrupción.
Esta iniciativa plantea premiar a políticos corruptos que sean pillados robando al Estado con penas ridículas o nulas, a cambio de “devolver lo robado”.
Por su parte, la “sentencia de muerte” que le dio Peña a la Ley contra conflicto de intereses y de “puertas giratorias” permitirá ocultar negociados incluso a través del Estado, ya que al esconder o permitir no declarar vínculos familiares de políticos con empresas contratistas del Estado, facilitaría eventualmente la comisión de hechos punibles incluso con la participación estatal.
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