La Constitución Nacional (CN) atribuye al Poder Ejecutivo el manejo de las relaciones exteriores y la negociación y firma de tratados. Exige que estos tratados sean “válidamente celebrados” antes de que sean aprobados por ley del Congreso. En el sistema de equilibrio, coordinación y recíproco control consagrado por la Constitución, el Congreso comparte con el Ejecutivo atribuciones en materia del derecho internacional.
El Anexo C del Tratado de Yacyretá establece la revisión de las bases financieras del Tratado a partir de los 40 años del mismo. En 1995, el Congreso rechazó la Nota Reversal (NR) de 1992, utilizada en el acuerdo Cartes-Macri para la NR 2/17. En 2017, el Senado dictó la Declaración 173, ratificando el rechazo de la NR de 1992, e instando a no utilizar esa nota en las negociaciones de los 40 años de Yacyretá.
Asimismo, el Senado aprobó el informe a la Comisión de Seguimiento, que aconseja el rechazo de la Nota Reversal 2/17. La cuestión es si la NR 2/17 puede considerarse “válidamente celebrada” en los términos del Art. 141 de la CN, cuando el Ejecutivo la concertó en contra de lo previsto en el Tratado, en el Art. 137 de la CN, de la voluntad del Congreso, de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados y de objeciones de la Contraloría General de la República.
Aunque la negociación y firma de tratados es atribución del Poder Ejecutivo, ésta debe ejercerla observando el sistema de coordinación y recíproco control establecido por la CN. Consecuentemente, el Ejecutivo debe conducir las relaciones internacionales con sujeción a los límites y restricciones que pueda establecer el Congreso y particularmente el Senado, en asuntos determinados.
En la doctrina de la Corte Suprema de los EE.UU., la interpretación de las atribuciones del presidente fue restringida o ampliada con pragmatismo, en desarrollos jurisprudenciales en las presidencias de John Adams (1804), el presidente Franklin Roosevelt (1936), el presidente Harry Truman (1952), el presidente Jimmy Carter (1981), y otros.
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