A pesar de que dos sentencias, en primera y segunda instancia, establecen que las declaraciones juradas son información pública, la jueza Magdalena Narváez negó el acceso en un tercer juicio de este tipo. La Corte debe zanjar discusión, pero dilata fallo.
La jueza Magdalena Narváez de Rodríguez rechazó el viernes último el amparo constitucional planteado por Hugo Portillo Sosa para acceder a las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes del ministro de Hacienda, Benigno López, y del presidente del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa. Poco antes, en otro juicio, había pedido las del exjefe de Gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, pero ese amparo se congeló porque la jueza Rosarito Montanía de Bassani derivó el expediente directamente a la Corte.
Los argumentos de la negativa de la magistrada Narváez fueron apelados por la Clínica Jurídica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la UNA, que trabaja en coordinación con el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Es que el fallo de Magdalena Narváez es totalmente contrario a la sentencia del juez Rubén Riquelme del 8 de mayo de 2018, que hizo lugar al amparo promovido por el periodista Juan Carlos Lezcano Flecha. Fue debido a que la Contraloría General de la República (CGR) ignoró todas las solicitudes de acceso a la información pública del comunicador.
El entonces contralor general Enrique García había apelado y el Tribunal de Apelación primera sala ratificó -el 7 de junio de 2018- que las declaraciones juradas de bienes son información pública y deben ser de acceso ciudadano. Como última opción la CGR llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aún no se expide y que tendrá que definir varias cuestiones.
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