El juez Humberto Otazú comunicó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero al Esteban Martín Samaniego Álvarez, y también ordenó el bloqueo financiero para 22 personas imputadas por el fiscal Silvio Corbeta por, presuntamente, colaborar en la tragada de más de G. 300 millones a través de cobros de cheques emitidos en favor particulares y empresas.
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, a través del oficio N° 233 comunicó a la Cámara Baja el pedido de desafuero para el exintendente de la Municipalidad de Quyquyhó y actual diputado , y también remitió copia del expediente fiscal, a modo de que el órgano del Poder Legislativo resuelva al respecto.
Samaniego fue imputado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, por administración en provecho propio y asociación criminal, pues se presume que entre 2011 y 2017, emitió cheques para realizar pagos con fondos de la Municipalidad de Quyquyhó que fueron cobrados por su familia y representantes de empresas, contratadas para servicios a la comuna. Esto le posibilitó obtener un beneficio de G. 338.595.000.
De la misma forma, a través de su AI N° 320 el magistrado decretó como medida preventiva la inhibición general de enajenar y gravar bienes, que fue solicitada por el representante del Ministerio Público, sobre bienes muebles e inmuebles que estén registrados a nombre de los imputados.
Así también, Otazú trabó el embargo preventivo sobre las cuentas corrientes que los imputados tengan habilitadas, a su nombre y de las empresas vinculadas al esquema “BH Services SRL”, “Soluciones Empresariales”, “Legión de Servicios”, “JA Construcciones”, y “JOB Construcciones”., en entidades bancarias, cooperativas y financieras, hasta cubrir la suma total del dinero que esté depositado en las mismas, para ello ordenó que se libre oficios a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Cooperativismo.
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