La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público los resultados del reporte del Examen de Correspondencia y Veracidad de Declaraciones Juradas en el que descubrió situaciones irregulares en el informe patrimonial de cinco ministros y de un exministro. Menciona indicios de enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Los exámenes de correspondencia de las declaraciones juradas del ministro de Desarrollo Social, Mario Varela; del ministro de Educación, Eduardo Petta; de la titular de la cartera de Trabajo, Carla Bacigalupo; de la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz; del titular del Ministerio de Urbanismo, Dany Durand, y del entonces ministro de Agricultura, Denis Lichi, arrojaron irregularidades e inconsistencias, según un informe de la Contraloría General de la República.
Dichos resultados “podrían encuadrarse dentro de la Ley N° 2523/04 ‘Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el tráfico de influencias y hechos punibles contra la Prueba Documental”, refiere la nota firmada por el contralor general Camilo Benítez, dirigida a la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, dijo a ABC Color que la investigación se realizó a pedido de la Cámara de Senadores y anunció que el mismo proceso se realizará con viceministros, consejeros de la binacionales, presidentes de entes y también directores de las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC).
Luego, Torres detalló algunas de las inconsistencias encontradas en las investigaciones.
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