La Hidrovía Paraguay-Paraná, compartida por los países de esta región por Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia, y en la que a la fecha nuestro país tiene en la misma a la tercera mayor flota mundial del mundo, detrás de los Estados Unidos y China, se convirtió en estos días en una zona de controversia diplomática.
Se inició con la imposición de peajes que impiden el ingreso al territorio nacional de combustibles y gas por parte de Argentina a las barcazas de bandera paraguaya por parte del gobierno kirchnerista argentino, una decisión contraria a dos documentos que forman parte del derecho positivo internacional: El Tratado del Mercosur, firmado en Asunción, en el año 1991 y el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay- Paraná, en 1992, en donde el ingeniero Juan Carlos Wasmosy, luego Presidente de la República, tuvo activa participación.
Desde un inicio ambos documentos muestran la tendencia correcta de Paraguay de sumarse a lo que se llama integración competitiva en el derecho internacional. Aun sabiendo que nuestro país es mediterráneo, el hecho de competir de entrada con cierta desigualdad de condiciones y apenas habiendo salido de la dictadura, la decisión paraguaya fue correcta.
No se contemplaron en ese entonces mecanismos de solidaridad ni de compensación como socio más pequeño. Pero a diferencia de lo que puede suponerse fue precisamente esa ausencia de hacernos pasar por “pedigüeños” que Paraguay mostró una tendencia correcta mediante la aplicación de la integración competitiva, una decisión correcta del gobierno de entonces.
Así, por ejemplo, en el artículo 5 no deja dudas acerca de lo que hoy sucede y de qué gobierno está violando lo establecido. El referido artículo dice textualmente: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación”.
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