El proyecto afecta a todos los organismos de los tres poderes del Estado y entre los puntos regulados se encuentra que ningún funcionario ni autoridad de rango superior podrá percibir remuneración más alta que el presidente de la República, incluyendo los de Itaipú y Yacyretá. Igualmente, se eliminará el servicio de telefonía celular para funcionarios y autoridades de rango superior, cupos de combustible para autoridades de rango superior; Este punto no afecta al presidente y vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores y titulares de los poderes Legislativo y Judicial, además de altas autoridades públicas que representen al Estado ante organismos internacionales.
“Bastantes cosas buenas tiene el proyecto como para que, por un punto, se eche al tacho todo y que eso sirva de motivo para rechazarlo”, expresó.
El legislador dijo que está abierto a dialogar porque no se considera terco y propuso introducir una modificación, de modo que se mantenga el seguro para los funcionarios y se le retire solo a las altas autoridades.
Además, mencionó que desea escuchar alternativas propuestas por el gremio que realiza el reclamo y saber si están conformes o no con el seguro con el que cuentan actualmente. “Me tomé el tiempo en cada detalle, contratación de parientes, ajustes salariales, restricciones a viajes, gastos superfluos, como para presentar un buen proyecto”, manifestó el parlamentario colorado.
El presidente de la Central de Coordinadoras Coloradas de Funcionarios Públicos, Docentes y Jubilados, Alberto Cañete, junto con otros representantes, fueron ayer hasta la sede del Congreso para entregar una nota al senador Blas Llano.
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