Para quienes hoy no disponen de sus ahorros, esta crisis tiene consecuencias inmediatas: gastos que no se pueden pagar, compromisos que vencen y una profunda sensación de frustración. La indignación ciudadana es comprensible. Quien confía su dinero a una entidad financiera espera que existan controles capaces de proteger sus ahorros y autoridades que respondan cuando esos controles fallan.
Para ayudar a estas personas y evitar que las consecuencias de un banco fallido alcancen a toda la economía, Paraguay necesita un consenso de cómo proceder. La incertidumbre de los depositantes, las dudas sobre la supervisión bancaria y el deterioro de la confianza en las autoridades exigen una respuesta que trascienda al Gobierno.
Cambiar autoridades fue necesario, pero es insuficiente. La confianza se recuperará cuando la ciudadanía encuentre información clara, decisiones consistentes y garantías de que las reglas se aplican a todos por igual. La responsabilidad de conducir esa respuesta corresponde al Gobierno, que debe aceptar el escrutinio de la sociedad.
Hay, además, razones para mirar hacia adelante con esperanza. Paraguay llega a esta situación con una economía que viene creciendo a buen ritmo con baja inflación. Ese dinamismo ofrece una base para superar la crisis: si se preserva, puede sostener el empleo, facilitar la recuperación de las empresas afectadas y generar ingresos tributarios para atender las necesidades de la población. Aprovechar ese impulso exige actuar con rapidez para que la incertidumbre no frene la inversión y el crédito.
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