La Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY) denunció que por falta de trazabilidad la Policía se ve impedida de investigar a fondo los casos de robo de cobre que derivan en una evasion impositiva millonaria de empresas que operan ilegalmente. La intención con una ley de regulación del comercio de residuos es llegar al origen del mercado negro y una posibilidad es que acopiadores trabajen con licencia y bajo control que permita detectar de dónde obtienen la materia prima.
La reunión que se desarrolló en el Senado, entre la Comisión Nacional de Defensa de Recursos Naturales (Conaderna) y varias instituciones públicas y privadas, arrojó más datos sobre el flagelo del que se extrae de los cables.
Carlos Mangabeira Cano, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), explicó la necesidad del proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato” porque habrá una manera de erradicar el problema.
Este perjuicio afecta finalmente a las empresas formales y a los tributos para el Estado porque se genera una evasión millonaria, afirmó. Según Mangabeira, creció considerablemente la informalidad, o más bien una “zona gris”, porque se habla de muchos problemas de robos de artículos que son de uso público o de propiedad del Estado.
Los hechos delictivos generan un perjuicio patrimonial al Estado y en estos casos se imposibilitan terminar las investigaciones. La Policía les dice a los empresarios que no existe una trazabilidad por falta de documentación.
Leer la nota completa en Diario ABC
