El allanamiento fiscal a la casa de Lalo Gomes que finalizó con la violenta muerte del diputado colorado en manos de la Policía, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, y la controversia generada posteriormente, es la muestra más patente de la falta de credibilidad en las instituciones de seguridad, la Fiscalía y el Poder Judicial. Por las acusaciones fiscales contra el diputado fallecido y su hijo Alexandre, hay mucho hilo que desmadejar aún. Un próspero hombre de negocios, ganadero de alto perfil, presidente de la Asociación Rural del Paraguay de Amambay, eterno aportante de campaña, diputado nacional, con nexos con los clanes del narcotráfico brasileño, que manejaba como a peones de sus estancias a la Policía, la Fiscalia y a los jueces de la zona. La acusación de supuesto lavado de dinero y asociación criminal contra el hijo del fallecido diputado, Alexandre Rodrigues Gomes, y contra Óscar Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta y John Gerald Gaona fue confirmada por el juez Osmar Legal. En el Jurado de Magistrados, el diputado Orlando Arévalo pidió la suspensión de los fiscales y el juez. Luego se sumaron el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana ratificando el apoyo al operativo y a sus responsables, dejando a los diputados en off side. El caso Lalo Gomes es la radiografía perfecta de cómo funciona la narcopolítica en Paraguay, que ocupa el cuarto lugar en el ránking mundial de países con mayor criminalidad organizada. Es ingenuo creer que el operativo Lalo sea el inicio de una misión más grande, la que busca rescatar a las instituciones de las garras del crimen organizado, que goza y seguirá gozando de buena salud mientras exhiba como carnet de impunidad el pañuelo colorado. El diputado cartista de Amambay, Benjamín Cantero, deslindó responsabilidad de los hechos que involucran a su hermano detenido en Bolivia en un operativo antidrogas.
El allanamiento fiscal a la casa de Lalo Gomes que finalizó con la violenta muerte del diputado colorado en manos de la Policía, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, y la controversia generada posteriormente, es la muestra más patente de la falta de credibilidad en las instituciones de seguridad, la Fiscalía y el Poder Judicial. La impactante noticia rompió el inicio de la semana laboral y marcó el ritmo de la agenda política de la semana. Por las acusaciones fiscales contra el diputado fallecido y su hijo Alexandre, hay mucho hilo que desmadejar aún. Esto apenas empieza.
Lalo Gomes concentra en sí un perfil que hace tiempo define la narcopolítica en Paraguay. Un próspero hombre de negocios, ganadero de alto perfil, presidente de la Asociación Rural del Paraguay de Amambay, eterno aportante de campaña, diputado nacional, con nexos con los clanes del narcotráfico brasileño, que manejaba como a peones de sus estancias a la Policía, la Fiscalia y a los jueces de la zona. Su fortuna asciende a 135 millones de dólares, según su declaración jurada. Si no fuese por la investigación y presión del Brasil, su expediente, que data del 2022, iba a seguir congelado en...
La acusación de supuesto lavado de dinero y asociación criminal contra el hijo del fallecido diputado, Alexandre Rodrigues Gomes, y contra Óscar Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta y John Gerald Gaona fue confirmada por el juez Osmar Legal.
CAOS Y CONFUSIÓN. Al lunes de furia tras el controversial allanamiento, se sumó la visceral reacción de los diputados cartistas que pegaron el grito al cielo y reclamaron la cabeza del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía, Carlos Benítez. En el Jurado de Magistrados, el diputado Orlando Arévalo pidió la suspensión de los fiscales y el juez. Crecían los cuestionamientos al desprolijo operativo y sobrevolaba en el ambiente una supuesta “quema de archivo”.
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