La Caja Fiscal o técnicamente denominada Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, es considerada un programa presupuestario compuesto por dos sectores: el civil, que aglutina a los empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, además de maestros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y el no civil: integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El importante y progresivo deterioro de la Caja Fiscal en los últimos años
Antes de la reforma de 2003, la Caja Fiscal funcionaba bajo determinados parámetros que la habían vuelto insostenible. Por mencionar, la retención de los aportes no se realizaba sobre todas las remuneraciones percibidas; el salario base para el cálculo del beneficio consideraba únicamente el último sueldo y la tasa de sustitución era del 90% para todos los sectores. Para ese año, el déficit operacional (diferencia entre las contribuciones y gastos anuales) llegó a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con datos y estudios oficiales.
Con la sanción de la Ley N° 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal” se implementó una serie de medidas que apuntaron a ordenar el sistema. Así se contemplaron seis sectores contributivos distribuidos entre el Programa Contributivo Civil y el No Civil; el aumento de la tasa de aporte del 14% al 16% para todos los sectores; la retención de aportes sobre todos los objetos de gastos remunerativos del personal, incluido el salario base, horas extraordinarias, gastos de representación, bonificaciones. Además, quedó establecida una jubilación ordinaria para los funcionarios de la...
También quedó contemplada la ampliación del salario base utilizado para el cálculo del beneficio de pensión definiéndolo como la remuneración promedio de los últimos cinco años de servicio en lugar del último salario. De la misma manera se estipularon nuevos porcentajes para la determinación de la pensión y su aplicación generalizada a todos los sectores (anteriormente los porcentajes diferían de acuerdo con cada sector) y la actualización de haberes jubilatorios de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en lugar de los incrementos salariales del sector público.
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