En un país en el que se respeten las leyes, el contralor general de la República, Enrique García, no podría seguir deshonrando su cargo ni un minuto más. Fue imputado el 2 de marzo de este año por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso. La Cámara de Diputados aprobó el juicio político al mismo y el Senado recibió la acusación el 5 de julio, sin que hasta hoy tan siquiera se conozcan los dictámenes de las tres comisiones asesoras encargadas del caso. Para los legisladores, seguramente es mucho más conveniente tener al contralor con la espada de Damocles sobre su cabeza, para cuando alguno de ellos requiera sus servicios por algún oscuro motivo. Un chicanero y mentiroso, que está imputado por dos delitos, que se burló de la Corte y obstaculizó una investigación del Ministerio Público, no puede seguir ocupando tan alto e importante cargo. El Senado tiene que destituirlo cuanto antes para ponerlo a disposición de la Justicia. Si no lo hace, será porque la mayoría de sus miembros le debe algún favor personal. Alguien que pone un palo en la rueda de los procesos judiciales no merece ni puede estar encargado de controlar el uso del dinero público.
En un país en el que se respeten las leyes, el contralor general de la República, Enrique García, no podría seguir deshonrando su cargo ni un minuto más. Fue imputado el 2 de marzo de este año por los delitos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos de contenido falso. Días después, la Cámara de Diputados promovió su juicio político por esos presuntos delitos cometidos cuando ejercía como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción y por el mal desempeño de sus actuales funciones. El Senado recibió la acusación el 5 de julio, sin que hasta hoy tan siquiera se...
Entretanto, en todo este tiempo el jefe del órgano de control de las actividades económicas y financieras del sector público continúa dando muestras de que es un gran enemigo del “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, así como de la pronta administración de Justicia.
Un par de recientes ejemplos servirán para ilustrar su conducta desdorosa, signada por la mala fe y la arbitrariedad. El primero se relaciona con un recurso de amparo presentado por un periodista de este diario contra la Contraloría, porque se negó a entregarle copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercieron los más altos cargos estatales entre 1998 y 2017. El fallo de la primera instancia, que hizo lugar al actor, fue confirmado por la segunda, razón por la cual la parte perdidosa promovió el 4 de julio una acción de inconstitucionalidad, so pretexto de buscar...
Más allá del fondo de este importante caso, es de señalar la notoria malicia procesal de quien trabó la causa durante más de cinco meses, respondiendo a los intereses de quienes tienen mucho que ocultar con relación al patrimonio adquirido durante el ejercicio de la función pública. ¿Qué otro móvil podría haber tenido el contralor chicanero sino el de proteger a personajes poderosos, algunos de los cuales aún sientan plaza en el Senado que debe juzgarlo si es que alguna vez se decide a actuar como corresponde? Es por este tipo de cosas que a los legisladores les beneficia tener en ascuas...
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