San José, 1 oct (EFE).- Un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que traería consigo un duro ajuste fiscal y venta de activos, es el tanque de oxígeno propuesto por el Gobierno de Costa Rica para sortear la crisis causada por la pandemia, pero enfrenta un fuerte rechazo por parte de diversos sectores. Cuando
San José, 1 oct (EFE).- Un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares, que traería consigo un duro ajuste fiscal y venta de activos, es el tanque de oxígeno propuesto por el Gobierno de Costa Rica para sortear la crisis causada por la pandemia, pero enfrenta un fuerte rechazo por parte de diversos sectores.
Cuando Costa Rica apenas comenzaba a implementar una polémica reforma tributaria aprobada en diciembre de 2018 por el Congreso, la pandemia del coronavirus llegó para agudizar los problemas fiscales del país, que para el 2020 ha proyectado un déficit del 9 % del PIB, una deuda acumulada en torno al 70 % del PIB y una caída del 5 % de su economía.
La iniciativa planteada a la opinión pública el 17 de septiembre pasado por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado para sortear una crisis mayor es acudir al FMI en busca de 1.750 millones de dólares, a cambio aplicar medidas para incrementar los ingresos vía nuevos impuestos y recortar gastos con acciones como la venta de activos estatales, congelamiento de aumentos salariales y fusión o cierre de algunas instituciones públicas.
De inmediato el rechazo de los partidos políticos de oposición fue unánime, así como por parte de los sindicatos y de grupos sociales que en los últimos días han salido a las calles a manifestarse.
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