Constructoras encabezan listado de empresas que ocultan DDJJ de accionistas

Más de 100 empresas promovieron acciones de inconstitucionalidad entre mayo y julio de 2020 contra la ley 6355/19 que obliga a accionistas y directivos de contratistas del Estado a presentar declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría. Como primera medida, la Sala Constitucional de la Corte suspendió los efectos de la ley para estas proveedoras hasta que resuelva las acciones de inconstitucionalidad. El argumento de las empresas para atacar de inconstitucional esta ley es que el artículo 104 de la Constitución establece que los sujetos obligados a declarar sus bienes y rentas son los funcionarios, empleados públicos y, en general, quienes perciban remuneraciones del Estado. Otra constructora vinculada a un ex funcionario que obtuvo la suspensión de la ley 6355 es Jiménez Gaona y Lima Empresas de Construcciones SA, la empresa de la familia de Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Cartes. La trazabilidad del dinero público El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, dijo que unas 3.000 empresas proveedoras presentaron sus declaraciones juradas en lo que va de 2020 en cumplimiento de la ley 6355. Sobre la avalancha de acciones ante la Corte, recordó que la Contraloría había advertido en dictámenes que la ley «rozaba la inconstitucionalidad» al considerar el artículo 104 de la Constitución que establece que los funcionarios públicos deben presentar la declaración jurada. ...[Leer más]