Las sanciones a Cartes y la muerte de Lalo Gomes detonaron una puja de desconfianzas y efectos no apagados. La idea del fin de la protección oficial para los políticos ligados al crimen.
En temas de disputas al crimen organizado el gobierno de Paraguay atraviesa un momento favorable, donde las justificadas referencias sobre la penetraci����n institucional de grupos complejos o las complicidades hist����ricas encuentran, seg����n la interpretaci����n oficial, sanci����n o freno. Se lo advierte en hechos de alto impacto.
M����s all���� de que haya sido en Bolivia, la de Sebasti����n Marset, narcotraficante que domin���� la escena p����blica del pa����s y que era el objetivo declarado del gobierno, supone un triunfo. Tambi����n la condena al senador Erico Galeano por lavado de dinero vinculado al mismo Marset. O asuntos como la marcada baja de despachos de coca����na procedentes de embarques paraguayos en puertos europeos. Este panorama de sosiego relativo se mantiene sobre un escenario criminal en un pa����s donde el Poder Judicial ofrece innumerables ejemplos de los afianzados pactos de protecci����n entre...
Uno de los sucesos m����s delatores de esa simbiosis fue la impresionante muerte del diputado colorado Eulalio "Lalo" Gomes en Pedro Juan Caballero. Que sacudi���� a tal punto el andamiaje pol����tico paraguayo que hizo que durante una temporada el Palacio de L����pez suspendiera la cooperaci����n de la DEA en el pa����s.
La forma en que pasado un a����o y medio se sigue explicando e interpretando ese incidente es una pintura de la idiosincrasia que en Paraguay toman los asuntos p����blicos cuando tocan al poder. Esta nota, transcurrido ese tiempo, pone el foco en eso.
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