La presión que hizo que abdistas y cartistas realizaran concesiones con los gastos sociales y que cayeran en contradicciones dejó en evidencia su resistencia al control de estos recursos.
Los actores de la Asociación Nacional Republicana (ANR), de todos los estamentos del Estado, fueron los más resistentes a la utilización de los gastos socioambientales de manera controlada. Impidieron que fueran integrados al Presupuesto General de la Nación y encontraron el juego para evitar destinarlos a la salud pública por ley.
Esta situación se pone en relieve ante la cercanía de las elecciones municipales, en que los celos del partido de Gobierno hacia estos recursos –calculados en USD 150 millones anuales–, se fortalecieron y lograron acorralarse para que no sean utilizados en fines que no sean de interés del Partido Colorado, que se niega a transparentar los fondos, bajo el argumento de que están regidos por tratados internacionales y no pueden ser intervenidos por una ley.
Sin embargo, en los últimos días se produjeron contradicciones que echaron por tierra sus alegatos. Debido a la crisis sanitaria que deja a las familias sin recursos a causa de los millonarios gastos de los enfermos de Covid, se vieron forzados a aprobar una ley en Diputados que autorizaba financiar medicamentos a través de las binacionales. Posteriormente, el mismo presidente de la República, Mario Abdo, ordenó destinar USD 30 millones de Itaipú y Yacyretá para compra de insumos y remedios.
El Senado, con mayoría opositora, aprobó una ley que destina los gastos socioambientales de las binacionales a Salud, como un intento más de controlar estos recursos, ya que en Diputados fue rechazado un proyecto igual. Ahora la Cámara Baja tiene en sus manos la decisión sobre esta iniciativa. Al parecer, los colorados apostarán por la aprobación con modificaciones.
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