El art. 103 de la Ley Nº 1626/2000 “De la Función Pública”, en el Capítulo XV “De la Seguridad Social”, expresa: “La ley establecerá el régimen del seguro social de los funcionarios públicos con los beneficios y prestaciones que contemplarán, entre otros, los riesgos de maternidad, accidentes, enfermedades laborales, invalidez, vejez y muerte; el de jubilaciones y el de pensiones”.
Es coherente con el art. 103 constitucional en cuanto este dispone preceptivamente: “Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerdan a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado”.
Ambos textos concuerdan con el art. 95 constitucional “De los derechos laborales”, que prescribe: “El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos; estarán disponibles para este objetivo sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio”; también concuerda con el art. 102 constitucional de la Sección II sobre Función Pública que trata sobre los derechos laborales de los funcionarios y...
En ejecución de esa normativa constitucional y legislativa, el art. 104 de la Ley N° 1626/2000 preceptúa: “La financiación del sistema del seguro social mencionado en este Capítulo estará a cargo de los funcionarios públicos y del Estado, en las condiciones y la proporción que establezca la ley”.
Guillermo Cabanellas define la “Caja de Jubilaciones”, como: “organismo creado por ley especial para ocuparse de la recaudación de las aportaciones jubilatorias, administración e inversión de tales recursos y pago del retiro o jubilación de los empleados y obreros de la Administración Pública o de la actividad privada; y también, en su caso, del abono de las pensiones a los causahabientes de los jubilados fallecidos que dejan determinados parientes. Las Cajas de Jubilaciones pueden organizarse con carácter nacional y general, o de modo descentralizado y según la naturaleza de las...
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