El nuevo presidente de Paraguay, que asumió el cargo el 15 de agosto, se las verá con intereses bien arraigados del crimen organizado, algunos de cuyos miembros parecen tener nexos estrechos con integrantes de su mismo gabinete.
Santiago Peña, exministro de Hacienda durante el mandato de Horacio Cartes (2013-2018), prometió crecimiento económico, generación de empleos y reducción de la pobreza, citando su amplia experiencia como economista en los sectores público y privado. También señaló que Paraguay necesitaba erradicar la corrupción para limpiar su reputación y atraer inversión extranjera, y prometió investigar a elementos corruptos del gobierno.
Es irónico, pues muchos de los acusados de corrupción tienen estrechos vínculos con varios funcionarios del gabinete de Peña.
Peña viene del Partido Colorado bajo la guía de Cartes. Y más de una tercera parte del gabinete de Peña se desempeñó como titulares de cartera del gobierno de Cartes, quien sigue siendo jefe del partido. Las conexiones entre Cartes y Peña han generado rechazo. Cartes —dueño de diferentes empresas, medios informativos y bancos, así como una tabacalera— tiene una investigación abierta por corrupción a cargo de la Fiscalía General. Y en 2022, Cartes fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por “corrupción".
Cartes también tiene acusaciones de larga data que lo señalan de ser un actor importante en el tráfico de cigarrillos de contrabando y de usar sus empresas legítimamente constituidas para lavar dinero por medio de sus bancos. Su tío y su primo han sido capturados por narcotráfico, y el mismo Cartes ha sido vinculado a organizaciones criminales transnacionales, como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando de la Capital, PCC) y Hezbolá.
Leer la nota completa en Amambay News
