La mayoría de los proyectos presentados por el Ejecutivo que buscan disminuir el gasto público o actualizar iniciativas desfasadas se encuentran cajoneados en el Legislativo y al parecer seguirán ahí, ya que los encargados de analizarlos están concentrados en sus campañas electorales.
A mediados del 2020, en plena pandemia del COVID-19, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, anunciaba en conferencia de prensa que a más tardar en tres meses presentaría al Congreso Nacional un proyecto de Reforma Estructural del Estado, con el objetivo de disminuir los gastos superfluos.
En ese entonces, existía un buen escenario para que cualquier iniciativa que implique reducir gastos avance tanto en el Legislativo como, también, para que tenga un visto bueno por parte del Ejecutivo e incluso del Judicial, ya que se necesitaba fortalecer el sistema de salud para hacer frente a la pandemia.
Además, es importante mencionar que Paraguay emitió bonos y tomó varios empréstitos de organismos multilaterales y bilaterales, lo que dejó poco margen para los próximos años para las inversiones que aún son muy necesarias.
En este contexto, las autoridades del Ejecutivo iniciaron una serie de reuniones con los diferentes sectores de la economía y, tras un consenso, fueron presentadas diferentes iniciativas, la mayoría con el fin de actualizar las normativas, no así para reducir gastos.
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