Mientras profesionales del Derecho hablan sobre la prescripción de la causa, otros plantean el concepto de la acción penal continua para procesar a los responsables de la deuda ilegal de Itaipú. Referentes exigen que el daño patrimonial a la República no quede impune, y desde el Gobierno sostienen que se debe de plantear al Brasil un resarcimiento por el perjuicio económico.
El informe de la Contraloría General de la República sobre la deuda ilegal de Itaipú, que se genera como consecuencia de la reducción de la tarifa de la energía cedida al Brasil desde el año 1985 a 1997, sigue generando un fuerte debate al momento que se exige que los responsables directos paguen judicialmente por sus actos.
La diputada nacional por Patria Querida y ex fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Rocío Vallejo, indicó que el informe detalla hechos catalogados como lesión de confianza, pero que sin embargo, las normativas legales nacionales sitúan estos hechos a ser investigados como causas prescriptas.
“Hay que ser responsables y no crear falsas expectativas, queremos que paguen por sus culpas pero nosotros vivimos en un estado de Derecho y tenemos normas procesales, penales, disposiciones que tenemos que cumplir nos guste o no”, expresó la diputada Vallejo a la 780 AM.
El informe de la Contraloría menciona que la deuda ilegal se origina entre 1985 y 1997, y tiene como responsable a directores generales de Itaipú del lado paraguayo, que fueron designados por el dictador Alfredo Stroessner Matiauda, y los presidentes Andrés Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy, ya en era democrática. Los señalados son los exdirectores Enzo Debernardi, Fidencio Tardivo, Salvador Óscar Gulino y Miguel Jiménez Boggiano.
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