El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno hizo lugar a un amparo constitucional promovido por 13 personas, entre ellas familiares y allegados del expresidente Santiago Peña. Un día antes de la destitución de Santiago Peña mediante juicio político, la Justicia paraguaya concedió una medida de protección sobre documentos de carácter reservado pertenecientes a integrantes de su entorno familiar y empresarial. La acción constitucional fue promovida por Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate, Ana María Palacios de Peña, José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone, Manuel Peña Palacios, Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios y Rocío Caballero Bosch. Entre los accionantes figuran personas del entorno familiar del expresidente, incluidos Leticia Ocampos Villate, Gonzalo Peña Ocampos y Serenella Argaña Scavone. La información difundida hasta el momento no permite establecer quién solicitó originalmente los documentos al MEF ni el contenido específico de la documentación cuya entrega se pretende restringir. de Mandatos, Guata Trade S.A., Enerbike S.A., Optima S.A., Penco S.A., Fenix S.A., Los Cabos S.A., Budelar S.R.L., La Huella S.A., Manufactura de Pilar S.A., Textil Toro Blanco S.A., Paraguay Agricultural Holdin y SMF S.A. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el juzgado ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas abstenerse de entregar documentos de carácter reservado pertenecientes a los accionantes que se encuentran almacenados en sus dependencias. Una resolución que exige mayor transparencia sobre sus fundamentos El amparo concedido el 5 de noviembre deja abierta una cuestión de interés público: conocer por qué 13 personas vinculadas familiar o empresarialmente al entorno del expresidente recurrieron a la Justicia para restringir la entrega de documentos bajo custodia del Ministerio de Economía y Finanzas. La identificación de los documentos, el origen del pedido de información y los fundamentos de la sentencia serán determinantes para establecer el alcance de la medida.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno hizo lugar a un amparo constitucional promovido por 13 personas, entre ellas familiares y allegados del expresidente Santiago Peña. La resolución impide al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregar documentación reservada vinculada a los accionantes y sus empresas, salvo por orden judicial expresa o requerimiento de organismos estatales legalmente habilitados.
Un día antes de la destitución de Santiago Peña mediante juicio político, la Justicia paraguaya concedió una medida de protección sobre documentos de carácter reservado pertenecientes a integrantes de su entorno familiar y empresarial. La decisión, adoptada el jueves 5 de noviembre, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas abstenerse de entregar la documentación alcanzada por el amparo.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría N.º 22, tras una acción de amparo constitucional presentada días antes por 13 personas, entre ellas familiares del entonces mandatario.
El fallo adquiere relevancia pública por el momento en que fue concedido: apenas 24 horas antes de que Peña perdiera la Presidencia de la República, en medio de una crisis política e institucional vinculada al caso Ueno Bank.
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