El proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo prevé la creación de cargos de funcionarios permanentes para el Congreso, pero en la normativa no se contempla excepciones para los nombramientos ni para las contrataciones. Sin embargo, los parlamentarios se autoexcluye cada año de las prohibiciones establecidas en Ley de la Función Pública y la “Ley Godoy”, para favorecer a sus “nepobabies”.
El asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), aumenta en G. 16,3 billones (US$ 2.153 millones) con respecto al presupuesto 2024 aprobado inicialmente y equivale a 14% más que el contribuyente deberá financiar con impuestos.
A la administración central se asigna G. 69,1 billones (US$ 9.138 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,7 billones (US$ 8.418 millones).
En la administración central el gasto salarial costará G. 23,8 billones (US$ 3.144,4 millones), lo que implica un aumento del 8,3% con respecto al monto contemplado en el presupuesto inicial 2024.
El gasto salarial en el proyecto de presupuesto representa el 59,7% de los ingresos tributarios estimados recaudar el próximo año, que asciende a G. 39,9 billones (US$ 5.280,7 millones) y equivale a un incremento del 7,3% con respecto al cierre del presente ejercicio fiscal.
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