Persistente inestabilidad política es el principal riesgo, según empresarios

Persistente inestabilidad política es el principal riesgo, según empresarios

Factores como la incesante puja política entre los frentes abdista y cartista en el partido de gobierno aportan dosis de incertidumbre a la economía, que enfrenta la tarea de la recuperación.

El ambiente político no muestra señales de tornarse estable y actualmente es el principal riesgo que percibe el mercado para desarrollar las actividades económicas, advierte Beltrán Macchi, directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (Cncsp). Esta situación, sumada al clima aún adverso y precios internacionales que se mantienen bajos, genera problemáticas como el retraso de la reactivación económica, escasa respuesta al dinamismo que busca despertar el Gobierno mediante la política monetaria y escepticismo en torno al rebote que se podría esperar para el 2020, agrega.

“La inestabilidad política hoy es el peor condimento en este cóctel que afecta a nuestra economía. Las señales son poco claras hacia el horizonte, uno mira la economía para el año que viene y no llueve, no se siembra, y al factor político no le vemos un fin, se ha vuelto costumbre la inestabilidad política en el Paraguay”, asevera.

Este análisis surge en medio de una incesante puja al interior del Partido Colorado, entre el sector que responde al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el de su antecesor, Horacio Cartes. Amenazas como la realización de un juicio político o el cambio de autoridades del Poder Ejecutivo en respuesta a favores políticos son elementos que aportan altas dosis de incertidumbre a la economía, que enfrenta el desafío de recuperarse de la fuerte caída que experimentó especialmente en el primer semestre del corriente año.

En cuanto a la situación del fisco, Macchi advierte que el inminente déficit (más gastos que ingresos en las arcas del Estado) superior al 1,5%, que sobrepasa los límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se destina a la cobertura de gastos corrientes antes que a un impulso a la inversión. Así, contradice a lo que sostiene el Ministerio de Hacienda y considera que desde el 2020 habrá un nuevo régimen tributario que restará recursos al sector privado para la inversión y terminará en el gasto público.

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