El magistrado Raúl Florentín ordenó a la Contraloría publicar la declaración jurada de funcionarios públicos que manejarán el dinero destinado a la emergencia sanitaria. Entre ellas se resaltó la de la titular de Petropar, Patricia Samudio, que en su declaración jurada figura, un salario de G. 36.114.997, y G. 250.000.000 en honorarios, con un egreso infímo al lado de esas cifras de G. 12.700.000. La actual presidenta está envuelta en un escandalo de supuesta sobrefacturación en la institución.
La acción de amparo constitucional fue promovida por los abogados Natalia Gagliardone Dos Santos y Federico Legal contra la Contraloría General de la República. El juez penal de Garantías, Raúl Florentín, ordenó la publicación en la página web de la Contraloría las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de las autoridades y funcionarios que estén mencionados en el Art. 3 de la Ley 6524/20. Además de aquellos proveedores que estén directa o indirectamente involucrados en los procesos de contrataciones públicas que vayan a desarrollarse en el marco de la vigencia de la referida...
Leer la nota completa en El Poder